Otra más de OHL ahora contra un representante indígena de Huixquilucan

David Esquivel Huixquilucan.- Edoméx.-Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero (CDHCL) exige la liberación de Juan Villegas Mejía, representante indígena otomí preso por oponerse a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, cuya aprehensión, sin pruebas, a decir de su abogado, se justifica acusándole de extorsión pedida al empleado municipal Daniel Díaz González, y de pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación, según declaración de Antonio Lara Duque, dirigente de dicha organización de derechos humanos. "Están criminalizando a Juan Villegas para restringir sus derechos civiles y políticos, pues preso ya no podrá dar seguimiento legal a todas las querellas que ha interpuesto contra la autopista Naucalpan-Toluca", expresó Antonio Lara Duque, quien consideró que la demanda penal “es una argucia en contra del representante indígena, en el 2016 electo en el cargo bajo el esquema de usos y costumbres por habitantes de los pueblos de Santa Cruz y San Francisco Ayotuzco, Huixquilucan, y desde entonces solicitó un amparo para que se detuviera la obra en tanto no se consultara a la comunidad sobre los perjuicios y beneficios, que resultarían. Lara Luque explicó que el domingo 25 de junio de 2017, como a eso de las 11:30 de la mañana dos agentes ministeriales detuvieron a Villegas Mejía, y lo trasladaron al penal de Barrientos de Tlalnepantla, bajo el cargo de presunta extorsión. Lara Duque, también abogado del acusado, dijo que "a decir del propio Juan Villegas Mejía, el presidente municipal Enrique Vargas Del Villar, el 30 de agosto de 2016 le hizo una llamada durante la cual le dijo que desistiera de sus acciones o “le iban a dar en la madre”. Según la denuncia del empleado municipal, vía telefónica don Juan le dijo que desistiría de promover el amparo a cambio que le pagaran un millón de pesos y que, además, el, Don Juan, era miembro del cártel de Jalisco Nueva Generación. El defensor desechos humanos dijo que la imputación es falsa y que el fondo del asunto, es frenar las acciones legales emprendidas por Juan Villegas Mejía, porque afectan intereses de distintos niveles de gobierno, ya que la autopista Naucalpan-Toluca es construida por la empresa favorita del Presidente Enrique Peña Nieto: Grupo Higa, de la familia Hinojosa Cantú. Y agregó que, "concretamente el presidente municipal de Huixquilucan es el responsable de la detención ilegal del señor Juan Villegas y con la colaboración absurda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México". La situación jurídica de don Juan se determinará el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla próximo 30 de junio de 2017 a las diez de la mañana. Debe señalarse que grupos indígenas y comunidades de municipios de Huixquilucan y Lerma rechazan la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, debido a que las obra afecta tierras agrícolas que forman parte de la reserva natural de zonas cerriles y bosques de sus localidades. Argumentan que los trabajos devastan zonas arboladas, afectan la recarga de mantos acuíferos y corta corrientes naturales de agua que abastecen comunidades de la zona aledaña al Centro Ceremonial Otomí-Mexica; además otros refieren que no les han sido pagadas las indemnizaciones correspondientes por la afectación de sus tierras y se han incumplido compromisos contraídos con la comunidad.